Durante las últimas décadas el rápido proceso de urbanización ha propiciado la segregación de grupos sociales con ninguna o muy poca mezcla social. Este patrón de urbanización tiene impactos muy negativos sobre las áreas urbanas conduciendo a la fragmentación social, e incluso económica, de las ciudades.
Aunque este aspecto es más evidente en los entornos urbanos de los países en desarrollo, donde la división urbana se puede identificar a simple vista en la configuración espacial de la ciudad, también se está convirtiendo en un desafío importante en las áreas urbanas de los países desarrollados, donde las diferencias sociales y económicas se acentúan con conflictos sociales o barrios en malas condiciones de conservación o discriminaciones por razones económicas, de sexo, edad o educación.
Con la pandemia de la COVID-19 esta evidencia se ha incrementado aún más y ha acentuado estas diferencias, afectando especialmente a las personas y a los barrios más vulnerables de las ciudades y áreas urbanas. De manera especial, los impactos de la pandemia se han agudizado en términos de género. Son innumerables las mujeres en economías de todos los tamaños que han perdido sus ingresos, se han hecho responsables de labores de cuidados no remunerados y se les ha aumentado la carga de trabajo doméstico. Si las ciudades continúan divididas radicalmente en este sentido, no dejar a nadie atrás será cada vez más difícil.
El Informe Ciudades y Pandemias de ONU-Habitat (el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) destaca que, al igual que en anteriores crisis de salud pública, lo que ha determinado el riesgo para los habitantes ha sido la desigualdad, la falta de vivienda o la vivienda inadecuada y la falta de acceso a equipamientos y servicios fundamentales. La distinción más significativa, por lo tanto, no ha sido entre áreas urbanas y rurales, sino más bien la disparidad respecto a una densidad poblacional equilibrada y el acceso a servicios adecuados. Por todo ello, abordar la pobreza y la desigualdad sistémicas en las ciudades es clave para la reconstrucción.
Como recoge el mismo informe, por primera vez desde el año 1999 se prevé un aumento de la pobreza mundial. El Banco Mundial ha estimado que entre 119 y 124 millones de personas cayeron en la pobreza extrema durante 2020 como resultado de la COVID-19, incluidas 31 millones de personas que se preveía podrían salir de ella ese mismo año, y decenas de millones más están proyectadas para este año 2021 que aún no ha finalizado.
La erradicación de esta pobreza requerirá abordar las desigualdades profundamente arraigadas, particularmente a medida que la pandemia acelera las desigualdades de riqueza y la polarización de la fuerza laboral: sin una acción audaz, la pobreza podría convertirse en una característica endémica de las áreas urbanas.
No es posible lograr un crecimiento económico sólido y sostenible sin cohesión social. Reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo es fundamental y ello no únicamente por una cuestión ética o de justicia social, sino también de eficiencia económica porque contribuye a la sostenibilidad del modelo económico al amortiguar la intensidad de los ciclos y aumentar la capitalización de la economía y los ingresos públicos. La apuesta por el conocimiento, la educación de calidad y la formación permanente no solo ayuda a reducir desigualdades y favorecen la empleabilidad, sino que, además, aporta oportunidades y eficiencia a nuestra economía, favorece un mejor aprovechamiento del potencial económico y ayuda a consolidar sociedades formadas y compactas con mayor calidad de vida para todos sus integrantes.
La desigualdad lastra la demanda interna y compromete el gasto público a medio y largo plazo, porque requiere atender necesidades sociales que, con una mayor igualdad, se habrían podido evitar. En suma, reducir las desigualdades y lograr un crecimiento justo e inclusivo es fundamental, no solo por razones políticas y sociales, sino también económicas.
España tiene una población muy concentrada en las ciudades y en algunos municipios medianos y grandes, así como amplias diferencias en tema de oportunidades laborales según el área geográfica que se elija. El impulso a la digitalización y el teletrabajo deberían ir abriendo puertas a un mayor y mejor reequilibrio territorial y a una mejor integración de los mercados, que permitan limitar las dinámicas centrípetas de las últimas décadas.
Así lo demanda la Agenda Urbana Española, para la cual el modelo territorial y urbano debe perseguir la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la equidad. Cualquiera de las ópticas que se aborde deberá venir precedida del necesario enfoque social, porque las personas son lo primero. Y para ello, tanto las políticas territoriales, como urbanas, deben perseguir la integración y la cohesión social, deben proteger la diversidad cultural, mezclar rentas, géneros, culturas, edades y profesiones y, por supuesto, asegurar una adecuada calidad de vida. Las Estrategias de implementación de dicha Agenda no sólo deben orientarse a la inclusión y al desarrollo de los colectivos más vulnerables, sino que tienen que intentar convertirlos en catalizadores del cambio en sus propias ciudades. De ahí que el proceso participativo que dé lugar a las mismas deba ser lo más amplio posible.
Este diálogo propone discutir acerca de las formas, metodologías y propuestas a adoptar por las ciudades para actuar como elementos de cambio, reducir las desigualdades y para actuar como motores del desarrollo sostenible.
METODOLOGÍA
El diálogo se centrará en la equidad y en la cohesión social como elementos clave para la estabilidad del país y su recuperación en un momento donde la pandemia de la COVID-19 ha puesto en tensión las desigualdades sociales y económicas. En su contexto se analizarán las actuaciones puestas en marcha para paliar estos efectos durante estos meses y no dejar a nadie atrás.
PREGUNTAS GUÍA
El moderador/a se centrará en las preguntas específicas que se detallan a continuación: